El Periódico: 4 artículos cannábicos en un fin de semana

Hace unos días hablábamos del papel de la prensa española en la comunicación sobre el tema del cannabis, y en su histórica postura perpetuadora de la legitimación del prohibicionismo, ya sea por connivencia con el discurso político y legal dominante, por la difusión de mitos o por sesgar la realidad, dando voz únicamente a la platea anti-cannábica.

En aquél artículo referíamos la demanda del autor de El papel de los medios de comunicación en la regulación del cannabis, Jordi Cebrián, según la cual “periodistas, opinadores y creadores de opinión” deben hoy posicionarse más allá de “una imposible objetividad sobre el tema” e implicarse conscientemente “para equilibrar el sesgo prohibicionista con que se ha informado durante décadas.”

En este sentido nos complace ver cómo un medio como El Periódico, durante el fin de semana, ha abierto un frente con cuatro artículos sobre el cannabis, tres de ellos en su edición global y uno en ediciones regionales, en las secciones de Sanidad, Sociedad y Firmas (opinión). A continuación veremos de qué forma cubren una diversidad de aspectos y visibilizan de forma adecuada la cuestión:

¿Legalizar la marihuana? El debate se abre paso en España

Con este titular arranca el artículo que firmaba Patricia Martín el pasado sábado. En él se hace eco del empuje internacional que está logrando el debate después de la legalización del consumo recreativo en Canadá y de la progresiva legalización en diferentes estados de EE.UU. Este empuje tiene su reflejo en España donde, a pesar de posturas muy polarizadas, parece que aumenta la aceptación en el arco parlamentario.

La articulista refiere también cómo, a pesar del prohibicionismo, el cannabis es sumamente accesible, siendo España el cuarto país más consumidor de la UE. Un 7,3% de la población reconocía en 2016 haber consumido durante el último mes, y un 2,1% se declaraban consumidores habituales. Pero quizá la preocupación principal sea la elevada tasa de consumo entre adolescentes.

Una cuestión que saca a relucir el artículo es si la regulación implicaría un descenso del consumo, para lo cual recurre a los datos de California y Colorado, donde la medida parece haber reducido el acceso de los jóvenes al cannabis. Esta cuestión parece ser de la que el PSOE haría depender su aprobación de una regulación integral, y propone la creación de una subcomisión en el seno de la comisión mixta del Congreso y Senado sobre drogas, donde se analicen “los pros y los contras” (lamentablemente parece que las subcomisiones son el lugar donde enterrar asuntos engorrosos para postergar su abordaje ad infinitum).

Por su parte Ciudadanos se muestra más proactivo. Si bien su reclamo se centra en la regulación del uso terapéutico, a rebufo de las iniciativas de otros países europeos, su portavoz Francisco Igea asegura que la formación está abierta a una despenalización del cannabis si se hace con una política sanitaria responsable y aprendiendo de los errores cometidos con la regulación del alcohol y el tabaco.

Podemos es quien lidera la propuesta de despenalización completa. El artículo se refiere a las jornadas de Congreso de los Diputados el pasado mes, y a los beneficios asociados a la regulación integral: reducción de la criminalidad asociada y aumento de ingresos para el estado. Con los beneficios se propone financiar programas de prevención y mejorar los servicios públicos.

Pot último, ante el hecho de que a comienzos del próximo año la formación morada presentará una proposición de ley para la regulación integral del cannabis en el Congreso, sale a relucir la oposición rotunda del PP, que teme un incremento del consumo por la reducción de la percepción de riesgo (a pesar de los datos en las regiones donde se ha legalizado) y considera que es falso que el cannabis tenga aplicaciones terapéuticas.

ERC se alinea con el PP en este sentido, mientras que PDECat defiende la regulación terapéutica y que sea competencia de la Generalitat la regulación de los clubs cannábicos. Por último, el PNV estaría abierto a una regulación más integral si esta sirve para reducir el consumo.

 

El cannabis, paliativo pero no curativo

Este artículo firmado por Beatriz Pérez también apareció en la edición online de El Periódico este sábado y básicamente pretende enfrentar el mito de que la legalización debería basarse en los presuntos beneficios de fumar porros para la salud. Quienes sostienen este tipo de afirmaciones hacen más daño a la lucha pro-legalización que muchos detractores.

El artículo da un sucinto repaso a la diversidad de aplicaciones terapéuticas que presentan los cannabinoides pero, citando al oncólogo y vicepresidente de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) Álvaro Rodríguez-Lescure, el hecho de que algunos componentes de la marihuana puedan ser objeto de uso farmacológico “no equivale a decir que fumarse un porro tenga eficacia terapéutica”.

Javier Medel, de la unidad del dolor del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona reconoce el uso paliativo del cannabis para el tratamiento del dolor y náuseas en pacientes con cáncer, aunque recalca que no existe evidencia de que tenga efectos antitumorales. Elisa Arbonés, anestesista y responsable de la unidad del dolor del Hospital del Mar también se refiere al uso “compasivo” de un medicamento como Sativex para pacientes con neuropatías prácticamente intratables.

Por su parte Antoni Mur, jefe de pediatría del mismo hospital y miembro de la Societat Catalana de Pediatría del Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya, a pesar de reconocer los peligros del cannabis, particularmente en adolescentes, está abierto a una regulación: “Legalizar no implica fomentar el consumo, sino que permitiría acabar con la criminalidad en torno a la marihuana”.

En una línea similar se posiciona Magí Farré, jefe de Farmacología Clínica del Hospital Universitari Germans Trias i Pujol (Badalona) y catedrático de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), quien estaría “a favor de que se regulase porque en los países en los que es legal el uso terapéutico está demostrado que no aumenta el consumo de porros. Así, la marihuana es de mejor calidad y sin mercado negro”.

Con respecto a los peligros del cannabis, Francina Fonseca, psiquiatra del Hospital del Mar de Barcelona y miembro de la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental de la Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya, se explaya más asegurando que fumar porros “causa más accidentes de tráfico, mayor riesgo de sufrir psicosis y más fracaso escolar”, además de los riesgos asociados al tabaco, de la posibilidad de desarrollar adicción y de afectar al cociente intelectual.

Precisamente argumentos de peso como estos, sumados al hecho de que la regulación parece limitar el acceso de los jóvenes al cannabis, además de mejorar la calidad sanitaria del producto, justifican de sobra la necesidad de revisar con urgencia la situación legal de la sustancia.

 

Legalizar el cannabis podría reportar 3.300 millones al año

En las ediciones regionales de Extremadura y Aragón de El Periódico nos encontramos con este artículo publicado el pasado domingo, que se hace eco de un artículo de David Pere Martínez Oró, coordinador de la unidad de políticas de drogas de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y doctor en Psicología, publicado en la pasada edición de la revista Cáñamo, centrado en el impacto económico de una eventual regulación integral del cannabis.

Martínez Oró se refiere a un modelo de regulación para España diferente al de EE.UU. o Canadá, basado en autocultivo, clubs y dispensarios y, usando los más recientes datos sobre consumo en España, deduce grosso modo, que España recaudaría más de 1.500 millones en impuestos indirectos como el IVA y más de 1.800 en gravámenes directos como el impuesto de sociedades y el IRPF, además de que se generarían unos 92 mil puestos de trabajo.

«En realidad, la millonada aún sería mayor, ya que en el artículo solo hago referencia al cáñamo recreativo, cuando el Estado podría ingresar fondos del medicinal, el textil, la industria cosmética… incluso estableciendo tasas medioambientales a quien cultivara en interior porque contamina y gasta mucha energía» cuenta Martínez oro a El Periódico. Para competir con el mercado negro, asegura además que habría que gravar el cannabis con menos impuestos que el tabaco, para no exorbitar los precios. “Yo lo dejaría en 8 euros, lo más barato posible, el Fortuna del cannabis”, aconseja.

Por último, afirma que no habría un incremento del gasto sanitario por problema derivados del cannabis, ya que “quien quiere consumir ya puede hacerlo” (aunque no menciona que la mejora de la calidad sanitaria de los productos también repercutiría psoitivamente) y que el alcohol provoca muchos más problemas de salud pública. El principal escollo de la regulación lo encuentra en el hecho de que  “generaría mucha controversia en la Unión Europea porque un país sacaría dinero de un negocio que otros prohíben”.

 

Regulación del cannabis para acabar con el tráfico

El último artículo al que nos referimos hoy los firma Gemma Altell, Psicóloga social, y directora técnica de la Fundació Surt. Se trata de un artículo de opinión en el que abre con una contundente e innegable afirmación: “La evidencia histórica nos muestra que las prohibiciones de cualquier tipo –y especialmente en el ámbito del consumo de alcohol y otras drogas- solo nos han llevado a la invisibilización del fenómeno, pero nunca a su desaparición”.

Defiende pues una regulación dado que el consumo recreativo existe a pesar de la prohibición y es al Estado al que le corresponde asegurar los derechos de la ciudadanía en cuanto a su salud y desplegar medidas que reduzcan la criminalidad asociada a ese consumo.

Denuncia que gran parte de la información vital sobre el consumo está oculta al sistema y por lo tanto la población consumidora está desprotegida. Una regulación permitiría aplicar mejores medidas de prevención, reducir riesgos y aumentar la responsabilidad social. Además de ello, permitiría controlar la producción desde una perspectiva de la salud pública, limitando la potencia del producto o quitando de circulación las variantes más nocivas.

Por último se refiere al impacto de la regulación en el tráfico ilegal, el cual se reduciría drásticamente y apunta que la mayor parte de los problemas derivados del consumo de drogas está relacionados con su estatus ilegalidad y la criminalidad asociada.

“Con la regulación tenemos la oportunidad de acabar con esa hipocresía de los países que dedican cantidades ingentes de dinero a garantizar la seguridad ante las redes de tráfico y por otro lado permiten que se produzca sosteniendo un negocio que, por no ser transparente y regulado, lleva asociado marginalidad, violencia, insalubridad, etcétera.” Afirma Altell.

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