El Pacto del Botànic quiere despenalizar el cannabis terapéutico

El tripartito del Pacto del Botànic ha unido sus fuerzas para modificar las leyes acerca del consumo del cannabis para uso terapéutico y no lucrativo en la Comunidad Valenciana.

PSPV, Compromís y Podemos, el tripartito del Pacto del Botànic, proponen la creación de una comisión especial en las Cortes que estudie la forma en la que pacientes que lo requieran pudiesen acceder a cannabis legal para usos terapéuticos, como está sucediendo ya en muchas partes de Europa y del mundo. La comisión deberá citar, para elaborar su informe, a médicos, trabajadores sociales especializados, psicólogos, asociaciones de consumidores de cannabis y colectivos de pacientes entre otros, y plantear soluciones para el autocultivo frente a los problemas legales que esta actividad implica.

Con la idea de lograr una regulación razonable en la Comunidad Valenciana, desde los más avanzados planteamientos científicos, sociales y legales, el tripartito pretende que desde las Cortes Valencianas se inste a las más de 50 asociaciones cannábicas de la Comunidad Valenciana a establecer reglamentos de régimen interno, mecanismos de auto regulación, un código de buenas prácticas y a colaborar con la Administración a la espera de que se elabore un marco legal que regule su actividad. También se pretende implicar al Consell porque es el órgano que mejor puede influir en el Gobierno para alcanzar una regulación efectiva que permita el acceso a los tratamientos con cannabis a través de facultativos. En caso de lograrse, habrían de revisarse la Ley de Estupefacientes de 1967 y la de Medicamentos de 2006.

 

El Pacto del Botànic, propulsor para la despenalización del cannabis

Este gran movimiento de avance no persigue sino acercarnos al grupo de naciones que se sitúan a la cabeza de la revisión del prohibicionismo absurdo de los últimos ochenta años. Países como Canadá, EEUU, Chile, Uruguay, Colombia o Alemania entre otros ya han implantado formas legales de acceso a la marihuana medicinal y, en algunos casos, incluso recreativa. En este contexto el tripartito resalta el fracaso de las políticas prohibicionistas que no solo no han reducido el consumo o la oferta de ciertos estupefacientes, sino que han activado mafias y delincuencia.

Apela por ello a la opinión pública especializada favorable a la regulación del cannabis y las más de mil asociaciones cannábicas de nuestro país, que, impulsadas por los propios consumidores, están inspiradas en principios éticos como la reducción de riesgos, la reducción de la delincuencia asociada, la colaboración con las administraciones, la creación de puestos de trabajo y el cumplimiento de obligaciones tributarias. En palabras del portavoz de Podemos, Antonio Montiel, “estamos normalizando una realidad, reconociendo las posibilidades del cannabis y estamos dando un paso adelante en términos de salud y en términos de libertad”.

Además de ello, los firmantes también señalan que la eufemística Ley de Seguridad Ciudadana (Ley Mordaza) no prevé sanciones para cultivos que no sean visibles (nota: ¿no es increíblemente ridículo sancionar la posesión de una planta por el hecho de que pueda ser vista por otras personas?) y que el Tribunal Supremo reconoce la intrascendencia penal del cultivo para consumo propio.

El portavoz socialista Manolo Mata asegura que esta propuesta sigue “la línea defendida por importantes instituciones como la ONU, intelectuales y juristas como Baltasar Garzón, que abogan por revisar el marco legal del uso terapéutico del cannabis” y propone “dar un paso más allá e, incluso, revisar el uso recreativo para evitar que existan grandes mafias que sigan enriqueciéndose con esta cuestión”.

En definitiva, con el Pacto del Botànic está comenzando a suceder lo que es inevitable. El proceso podrá llevar más o menos tiempo, pero es imparable. La realidad de la marihuana medicinal, instaurada en algunos de los países con sistemas de salud más avanzados del mundo, ya es un desafío a muchos de los argumentos prohibicionistas, destacando la clasificación de drogas de la DEA de EEUU, en la que la marihuana figura falazmente como sustancia sin uso terapéutico reconocido, mientras que la regulación de la marihuana recreativa desafía la Convención de 1961 de las Naciones Unidas, un acuerdo obsoleto absolutamente desacorde con la realidad actual y con lo que hoy sabemos acerca de la marihuana.

 

 

 

 

 

 

 

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