El cáñamo industrial en España

El cáñamo industrial, pese a haber tenido un glorioso pasado en España como materia prima para confección de telas y cuerdas de gran calidad, se encuentra hoy de capa caída.  

Y resulta sorprendente, no sólo porque España es un lugar idóneo para el cultivo de esta planta dadas las características climatológicas, sino porque la recuperación del cultivo del cáñamo industrial y la industria de este producto repercutiría en múltiples beneficios.
La recuperación a gran escala del cultivo del cáñamo no repercutiría solo en beneficios para la economía nacional y las economías locales, sino además para el medio ambiente, activando de paso múltiples industrias.

Con el cáñamo se pueden fabricar miles de productos biodegradables, con aplicaciones en alimentación, medicina y en la industria textil y energética. Su cultivo exige muchos menos pesticidas y fertilizantes que otros cultivos siendo el impacto ambiental de su producción menor.

Por ejemplo, su aplicación en la industria papelera reduciría dramáticamente la tala de árboles, porque el cáñamo produce anualmente un tonelaje enorme de celulosa. Crece rápidamente, al contrario que los árboles, y se corta anualmente. Una hactárea de cáñamo rinde cuatro o cinco veces más que una de árboles.

Además, el papel producido no precisa ácidos ni cloro y es de gran resistencia, pudiendo reciclarse más veces que el papel convencional. Por si fuera poco, su cultivo sanea los suelos, mejora su estructura, apenas precisa de cuidados y es resistente a plagas e infecciones.

Si nos molestásemos en enumerar los productos y aplicaciones derivables del cáñamo, nos haríamos una idea de sus posibilidades: materiales de construcción, alimentos, ropas, cosméticos, forraje para ganado, combustible, aislantes, pinturas, barnices, plásticos biodegradables, muebles… Entonces ¿por qué se trata de un cultivo menor en España?

 

En España el agricultor del cáñamo industrial se expone a ser tratado como un narcotraficante.

Cuando en 1937 Estados Unidos prohibió el cultivo del cáñamo para servir a los intereses de las industrias del algodón y las fibras sintéticas, el efecto dominó en el mundo fue imparable.

El remate de la jugada en España fue la firma de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, seguida del Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971 y la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988. Hoy solo es posible cultivar variedades de cáñamo en la Unión Europea cuyo contenido en THC, principal cannabinoide psicoactivo de la planta, esté por debajo del 0,2%.

De esta forma, el Real Decreto 1729/1999 del 12 de noviembre de 1999 autoriza 25 variedades de cáñamo industrial para el cultivo en España, además de establecer las normas para la concesión de subvenciones para cultivos destinados a la producción de fibras. Para que el cultivo sea legal, las semillas han de estar certificadas por la UE.

Además de los requisitos impuestos para su cultivo, los agricultores se deben enfrentar a los intereses de industrias muy poderosas, como la textil o la siderúrgica, que verían su hegemonía amenazada por el auge del cáñamo. Por si fuera poco, a causa de las regulaciones derivadas del veto general del cannabis y de la ignorancia de las autoridades competentes, los agricultores se tienen que enfrentar a veces a situaciones humillantes en España, siendo tratados como meros delincuentes a pesar de practicar un cultivo legal.

Es el caso, lamentablemente no aislado, del granadino Juan Zurita, tratado y procesado como un narcotraficante por cultivar cáñamo, no marihuana. A pesar de las autorizaciones que pueda tener un agricultor y de las medidas de etiquetado, trazabilidad y documentación que tome, no se salva de que la Guardia Civil le pueda detener cuando esté transportando su producto y se lo confisque.

Con un poco de suerte el agricultor no acaba arrestado como un delincuente común, pero su producto es retenido por un juzgado a la espera de que se hagan los análisis que lo descarten como marihuana y lo confirmen como cáñamo. Lamentablemente estos análisis tardan en realizarse incluso meses, echando el producto a perder y afectando a la economía del agricultor. Parece que el problema está también la Ley.

Si un agente de la Guardia Civil hace un test preliminar y detecta THC, debe confiscar el cargamento para someterlo a un análisis detallado. Pero si el material confiscado resulta ser legal, ¿quién compensa las pérdidas del agricultor, si se lo devuelven varios meses después echado a perder?

El caso es que en España seguimos con un modelo legal incoherente con respecto a las sustancias recreativas legales e ilegales, que directamente afectan a sectores como el cultivo legal del cáñamo, tratando a quienes lo cultivan como narcotraficantes. Ni siquiera se tiene en cuenta que el cáñamo es un ser vivo, y que una simple polinización accidental de un cultivo legal puede aumentar la concentración de THC por encima del ridículo límite legal. Muchas cosas tienen que cambiar aún.

 

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