El autocultivo de cannabis en Argentina necesita una solución

Cada vez aparecen más casos en Argentina de ciudadanos que, en su desesperación, desafían la legalidad vigente con respecto al autocultivo de cannabis con fines medicinales.

 

Los cambios que están teniendo lugar en numerosas partes del sobre el estatus legal del cannabis, el aumento de la discusión, la acción del activismo y las asociaciones y la influencia de internet, están provocando una mayor presión mediática sobre las decisiones judiciales, que cada vez se decantan más por la permisividad, lo cual evidencia la necesidad de una revisión de las leyes prohibicionistas.

 

Mariano Fusero es abogado, director del Área Política de Drogas de la Asociación Pensamiento Penal (APP) y editor de la sección “Drogas y Derecho Penal” de la revista de dicha organización.  Esta asociación funciona como un observatorio de los derechos humanos en Argentina. Uno de los casos en los que intervino fue el de un jubilado de 71 años, procesado por poseer cinco plantas de cannabis. Fusero relataba a El Diario de la República sobre este caso, que “era un jubilado de la industria siderúrgica, tenía dolores propios de la actividad y cultivaba cannabis apoyado en su hija, y le venía muy bien para sus dolencias. Recibió un allanamiento, un procesamiento durante casi dos años. Venimos de diversos organismos de derechos humanos y recién con nuestra presencia y esa lupa mediática, se lo absolvió”.

 

En 2015 trascendió en Buenos Aires el caso de Alejandro Cibotti, un enfermo de VIH que autocultivaba cannabis para tratar los fuertes dolores de su condición y recibió autorización judicial para ello mediante un recurso de amparo.

 

Más recientemente, en marzo, en la ciudad norteña de Salta, un juez federal aprobó una medida cautelar para autorizar a una madre el cultivo de plantas de cannabis para tratar la neurofibromatosis NF1 de su hijo de seis años, dado que ha encontrado en los aceites derivados de la planta el alivio que los tratamientos convencionales no le proveen. Guido Giacosa, abogado de esta madre, contaba que antes del tratamiento con cannabis medicinal, la calidad de vida del niño era “muy tormentosa. No tenía vida social prácticamente. Vivía atormentado por el dolor. Llegaba a sufrir convulsiones. Este fallo es un gran alivio tras la desesperación de los padres que hoy han encontrado lo que tanto buscaban. Para una madre encontrar la solución al dolor de su hijo ha sido una cuestión prácticamente milagrosa”.

 

Otro caso resuelto favorablemente es el de Joaquín, un niño de San Antonio Oeste aquejado del síndrome de Tourette, cuya familia ha recibido autorización por parte de una jueza para cultivar cannabis y obtener aceite para tratar al niño. Se trata de la primera autorización de este tipo en la Patagonia.

 

Además de los informes positivos de la escuela de Joaquín, la sentencia establece que, tras el empeoramiento de los síntomas de esta dolencia y la reducción notable de la calidad de vida del niño, se comenzó con el tratamiento “obteniendo una notable mejoría dado que disminuyeron los tics vocales y físicos y cambiando por completo la vida de Joaquín y su familia”.

 

Los consumidores con fines medicinales se exponen a recibir un tratamiento judicial equiparable al de un violador

Fusero denuncia que los jueces federales se manejen con “arbitrariedad y discrecionalidad”, dando salidas muy diferentes (la autorización o la penalización) a casos muy similares que se dan por todo el país.

“Para que te des una idea” cuenta Fusero, “a una persona imputada por autocultivo le puede corresponder una pena de un mes a dos años de prisión. Si esa persona no puede eventualmente comprobar que es para uso personal o que se lo está dando a un familiar, puede ser imputado a una pena de prisión de 4 a 15.  Esos 15 años, es el máximo legal establecido para el delito de violación. Y es una madre que le está dando cannabis a su hijo. Esa desproporción punitiva es lo que está en debate”.

 

Añade que “no hay una respuesta unívoca. Tenemos un comportamiento de la Justicia en la que creo que vamos a tener cantidad de casos, de autorizaciones de las más diversas. Así como hay una discrecionalidad y arbitrariedad para penalizar a las personas hay que ver también esas mismas cualidades en la Justicia como para autorizar  el cultivo de 10 plantas o 50”.

 

Fusero concluye que “la solución es crear una normativa que reglamente todas las vías de acceso de las sustancias para que las personas sean respetadas en su derecho a la salud y no sean amenazadas por el sistema penal. Y por otro lado el Estado debería prestar atención a que  todas estas personas no van a dejar de cometer una conducta personal por la salud de sus hijos o personal. Si uno criminaliza esta actividad, si estas personas son vistas como delincuentes, nunca se van a poder acercar al Gobierno, para que este los asesore”.

 

Fuente: El Diario de la República, FM899, Imneuquen

 

 

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